El comentario político en estos días en los medios dominantes no se centra en el hecho medular de una derecha gobernante que está enfrentando una caída de popularidad notoria, explicada por un liderazgo presidencial de tono plano y, sobre todo, por una estrategia económica socialmente regresiva y una inoperancia en seguridad e inmigración, sus grandes temas de agitación electoral. Esos medios buscan intencionar la idea de que las fuerzas de centro e izquierda con capacidad gubernamental “ya no tienen espacio político”, lo que explicaría sus discrepancias entre segmentos “negociadores” y otros “intransigentes”.
En realidad, se busca dibujar un escenario en el que se prolongue un predominio de la derecha, aliada al populismo del PDG (que es en lo sustancial de derecha si nos atenemos a su apoyo a la reforma tributaria pro-ricos del actual gobierno y a su inclinación autoritaria en diversas legislaciones), que el mundo conservador entiende debe mantenerse cohesionada para confrontar las “posiciones extremas de la izquierda”. Se busca presentar a una oposición dominada por el FA y el PC, lo que no es real, y catalogarla como obstruccionista para así procurar que el progresismo se fragmente y no capitalice el descontento popular creciente con el gobierno. Para ello busca minimizar a la centroizquierda y a descalificar a lo que se puede denominar “la izquierda de gobierno”, que incluye al PS y también, a su manera, al Frente Amplio y al PC.
Desde el punto de vista conservador, tienen razón en buscar una configuración del escenario político de este tipo. El hecho básico que necesitan contrarrestar es que un gobierno con un presidente elegido con un 58% de los votos se encuentra ahora con del orden de 30% de popularidad según las encuestas a poco más de cuatro meses de iniciar su gestión.
Esto es altamente preocupante para la derecha, sobre todo si se tiene en cuenta que en porcentaje de votos en la elección de diputados las fuerzas políticas conservadoras sumaron en 2025 un 45% del electorado, más un 12% del Partido de la Gente, lo que suma nada menos que un 57%, equivalente al voto de Kast en la segunda vuelta presidencial.
Este resultado consagró a nivel presidencial y parlamentario un notorio vuelco político en Chile en detrimento del progresismo. El tema es que no ha durado mucho, dado el carácter fluctuante de una parte sustancial de las adhesiones políticas en el Chile de hoy, las que son muy sensibles al tema de la seguridad, pero también al de la economía, el empleo y las remuneraciones. Que éstas últimas hayan vuelto a estar en el centro de las preocupaciones ciudadanas, según algunos sondeos recientes, tiende a modificar el escenario político.
Esta es la razón fundamental por la que la oposición debe actuar con su propia postura en estos temas en vistas a consolidar una condición de fuerza de alternancia hacia 2030, y no como un soporte secundario del gobierno de extrema derecha a cambio de concesiones nimias. En efecto, el gobierno tiene una amplia mayoría en la Cámara, y está muy cerca de tenerla en el Senado, por lo que no necesita llegar a mayores acuerdos para llevar adelante su política de regresión social y consolidación de privilegios oligárquicos. En cambio, la oposición necesita reconstruirse como alternativa creíble en los temas económico-sociales, ambientales y culturales y mantener una política de seguridad democrática seria, en vez de diluirse en la ola conservadora y en los llamados demagógicos a la represión mientras no hay reales avances en el combate a la delincuencia, que no es materia de dos o tres acciones improvisadas y altisonantes (ver aquí).
Recordemos que en la elección de diputados de 2021 las derechas habían sumado solo un 39,6% del voto, pero en la de concejales de 2024 ya habían llegado a un 53%, mientras obtuvieron el 62% en la de consejeros constitucionales de 2023 (en estos dos últimos casos ya con voto obligatorio), su mejor desempeño en la historia política del país.
Un componente crucial de ese vuelco es que los nuevos partidos de la extrema derecha lograron un predominio en el voto que antes se abstenía y alcanzaron en 2025 un 23% (Republicanos 13%, Nacional-Libertarios 6% y Social Cristianos 3%) y dominaron a los de la derecha tradicional, que alcanzaron solo un 19% (UDI 8%, RN 8% y Evopoli 3%). Entre tanto, Demócratas, escindido de la Democracia Cristiana hacia la derecha, sacó el 2% y Amarillos, grupo escindido de partidos de la ex Concertación, obtuvo menos del 1% de los votos. Desaparecieron del mapa político después de haber jugado un importante rol, empujadas al primer plano por los medios dominantes, en la derrota del cambio constitucional de 2022.
Por su parte, el progresismo conglomeró -sumando a todas sus expresiones desde la centroizquierda a la izquierda radical- a un 42% de la votación en la elección de diputados de 2025, cifra similar al 41% obtenido por Jeanette Jara en la segunda vuelta presidencial. Esto reflejó un castigo notorio al gobierno de Boric y un retroceso histórico, pero nada que se parezca a “quedar sin espacio”. La dificultad que ahora enfrenta es el estado anímico después de una gran derrota, una dispersión política en la relación con el gobierno -que siempre tiene capacidades de obtener votos de opositores en el parlamento contra granjerías- y su fragmentación en múltiples partidos.
La “izquierda de gobierno”, con una cultura de participación en coaliciones y siguiendo sus autodefiniciones, incluye al Frente Amplio, al que pertenece el saliente presidente Boric, que sumó un 7,5% de los votos en 2025 (desde el 11,9% en 2021); al Partido Socialista, que se mantuvo en un 5,5%; al Partido Comunista, con un 5,0% (desde el 7,4%) y a Acción Humanista, con un 2,6%. Estos partidos suman un 21% del electorado y son la principal fuerza del progresismo.
Luego los partidos que se autodenominan de centroizquierda suman un 17%. Incluyen al Partido Demócrata Cristiano, con el 4,5% de los votos (desde el 4,2% de 2021); al partido Regionalista Verde Social con 4,3% de los votos (desde el 1,7%), el Por la Democracia con 4,0% (desde el 3,9%), el Liberal con 2,2% (desde el 1,5%) y el Radical con 2,1% (desde el 1,7%). Los partidos Humanista (1,9%) y Ecologista Verde (0,8%), de clasificación más incierta y sin peso parlamentario, suman un 2,7%, mientras los partidos de izquierda con posturas más radicales suman un 2,2%, e incluyen a Igualdad (0,8%), Alianza Verde Popular (0,7%), Trabajadores Revolucionarios (0,6%) y Popular (0,2%).
Una fuerza de 42% del electorado, o si se quiere del 38% sumando solo a la izquierda de gobierno y a la centroizquierda, es cualquier cosa menos una opción política sin espacio en la contingencia. Si realiza una renovación programática seria y es bien conducida políticamente con unidad y en el respeto de su diversidad, tendrá una relevancia e incidencia en la opinión pública que crecerá a medida que el gobierno de ultraderecha vaya agotando su mandato, en medio de un desgaste notorio como el que hasta aquí viene ostentando.
Esto debe empezar por oponerse con firmeza a la reforma tributaria del gobierno. Proteger de cambios tributarios futuros al gran capital no acelerará mayormente la inversión y el empleo. En el caso minero es evidente que no: lo determinante es el nivel prospectivo de precios contrastados con los costos, que asegura utilidades enormes para el futuro incluso si se aplican impuestos y una regalía mucho mayor. Dado que se prevé que los precios del cobre y litio se mantendrán altos por décadas, las inversiones viables ya están programadas. Ahora se les agrega un regalo a los accionistas de las mineras transnacionales y chilenas, como la del grupo Luksic, ingresos que debieran usarse para la inversión pública sostenible que Chile necesita para su crecimiento y para el bienestar de su mayoría social. Bajando impuestos a la gran empresa y a los contribuyentes más ricos no se generarán a la larga más recursos para financiar mejores pensiones, salud, educación o seguridad (ver aquí).
Una cosa es mantener reglas apropiadas para la inversión y otra cosa es hacerlas inmodificables por largos períodos, lo que el interés nacional y los principios democráticos elementales evidentemente no recomiendan (ver aquí). Lo sorprendente es el sesgo de la legislación que se quiere introducir: se viola manifiestamente toda idea de igualdad ante la ley al mantenerse la posibilidad de modificar la tributación para las inversiones más pequeñas, pero imposibilitándola a medida que su tamaño es mayor. Esto es simplemente inaceptable. ¿Por qué no establecer, en ese caso, la invariabilidad tributaria para toda inversión, cualquiera sea su tamaño? Al parecer, ni siquiera Quiroz se atreve a argumentar una rigidez semejante de las normas, que deben variar con las circunstancias y con las preferencias nacionales.
Recordemos que esquemas de este tipo solo existen en Perú, Ecuador, Panamá y Argentina, cuando sus gobiernos han renunciado a los espacios autónomos de política. Un esquema mucho más lógico sería el de vincular la no modificación del tratamiento tributario de algunas grandes inversiones a logros de interés nacional, reversibles contractualmente si los compromisos no se cumplen, junto a una modificación de la regalía minera para que el aporte al fisco aumente mucho más con precios más altos y se evite la captura de la renta minera cuando ésta se eleva por quienes no son sus dueños.
Lo que está en juego es que la captura del sistema político por el poder económico no siga avanzando en Chile. Estamos pasando de la lógica antidemocrática de quórum supra-mayoritarios en la formación de la ley promovidos por la dictadura en su constitución de 1980, que recién pudieron derribarse razonablemente en 2022, a las invariabilidades legales, las que también empezaron con la dictadura para atraer inversión extranjera en 1975 y siguieron siendo promovidas por la derecha y sus cómplices en las negociaciones sobre la regalía minera en este siglo. En definitiva, se trata de oponerse no solo a una legislación u otra, sino al creciente desparpajo de los dueños del poder económico y de aquella parte del sistema político que se le subordina.
