“Yo no tengo nada que ocultar sobre mi patrimonio” Estas fueron las últimas palabras que se le escucharon al general ® Ricardo Martínez Menanteau cuando a fines de marzo llegó a declarar ante la jueza Romy Rutherford quizás anticipando el nuevo escenario que se abriría en las semanas siguientes ya no en su rol como jefe militar, sino que el ciudadano que debe explicar cómo acumuló bienes raíces de alto costo en medio de su carrera castrense.
En noviembre de 2017, Ricardo Martínez Menanteau recibió la noticia después de un apretón de manos con la Presidenta Michelle Bachelet: Desde diciembre de ese año sería el nuevo Comandante en Jefe del Ejército y tomaría el cargo después de Humberto Oviedo.
Sin embargo, ya en esa época, la justicia militar había comenzado el largo tránsito para develar que todos los últimos jefes militares habían hecho uso indebido e “ilegal” de dineros públicos, sea por la vía de los gastos reservados o por mantener una cultura de “alto estándar” para los viajes y viáticos de los oficiales de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas en Chile.
A la jueza Rutherford la antecedió el juez Omar Astudillo, quien fue el primero en recibir las denuncias del mal uso de recursos públicos, pero ella avanzó mucho más allá y llegó a tener casi 50 causas paralelas indagando en qué se hacía con los fondos disponibles para el mundo militar.
Martínez llegó a la comandancia en jefe del Ejército con la tormenta ya desatada y le pidió ayuda al entonces experto y profesor de Derecho, Jean Pierre Matus, quien le elaboró una suerte de “diagnóstico” de los que iría ocurriendo con la indagatoria de la jueza Rutherford en sus 4 años de gestión. Y se cumplió casi todo lo que dijo, entre otras cosas que él también podría ser imputado, aunque eso prefirió manejarlo como el escenario final.
Y vaya que fue final, pues fuentes en el Comando Administrativo del Ejército, la unidad que hace el enlace con la justicia militar y el Batallón de Policía Militar desde que la jueza Rutherford comenzó a detener a los anteriores jefes militares como Juan Miguel Fuente-Alba, luego Humberto Oviedo y después Óscar Izurieta, desde 2020 apostaban que también los cargos llegarían al propio Martínez.
Unos meses complejos
Esas mismas fuentes aseguran que desde febrero de este año en el Ejército se visualizaba que la jueza Rutherford ya estaba cerca de Martínez, lo que tensionó el ambiente en el edificio Bicentenario “General José Miguel Carrera” en calle Tupper, a pasos del Parque O’Higgins.
Y su despedida de la institución castrense coincidiría con su cuenta pública, cuando ya había sido citado a declarar como inculpado por la ministra Rutherford.
Ese mismo día Martínez dio a conocer un duro informe sobre la violación de los derechos humanos durante la dictadura cívico militar, algo impactante que, en otro contexto de su compleja situación personal, pudo tener un efecto trascendente.
En los días siguientes realizó una serie de peticiones y presentó recursos para declarar judicialmente en la casa institucional, lo que fue inicialmente aceptado y después desechado por la Corte Suprema para culminar procesado y detenido por resolución de la magistrada Rutherford.
La jueza puede imputarles delitos en su calidad de exoficial militar, pero no indagar en otros eventuales ilícitos que esos dineros les haya dado la posibilidad de realizar, ya que el ámbito de la justicia militar está muy delimitado.
En marzo de 2022, a Martínez se le acusó del presunto fraude al Fisco por más de $44 millones en el uso irregular de pasajes aéreos cuando iba a misiones en el extranjero. Cumplió entonces una breve prisión preventiva por cinco días, antes que la Corte Marcial ordenara su libertad bajo fianza.
Durante el mes de mayo la defensa de Martínez supo que se abría un nuevo flanco (que intentaría cerrar con sus dichos en el propio portal de acceso a la oficina de la jueza Rutherford): a través de fondos públicos habría conseguido una fortuna que luego transformó en varios bienes raíces de altísimo valor comercial.
Los numerosos antecedentes ya se habían acumulado y antes que concluyera abril la ministra Ruherford envió una valija de documentos con la máxima reserva a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
El paquete incluía para la evaluación del Ministerio Público un “Oficio Reservado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) caratulado N° 108/2022” enviado al tribunal militar el 9 de marzo por este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
El reporte plantea que, según los antecedentes recopilados, la situación de Martínez permitiría sostener la existencia de indicios del delito de lavado de activos.
La magistrada carece de facultades para perseguir y sancionar el ingreso ilegal de dinero al mercado. Estos hechos deben ser establecidos por la Fiscalía para una imputación o desestimación de ello, tal como lo enfrentan hace dos años Fuente-Alba y su esposa Anita Pinochet.
El mencionado Oficio Reservado llevó de inmediato al fiscal jefe José Morales a abrir una causa para determinar en una investigación, por ahora desformalizada, si hubo o no lavado de activos.
Morales ha seguido a la jueza Rutherford en cada una de las pistas de los exjefes militares, manteniendo dos indagatorias en contra de los antecesores de Martínez: con Fuente-Alba y su mujer ya formalizados y a Humberto Oviedo, aún sin cargos ante el tribunal.
Casas de más de 20 mil UF
El fiscal Morales es conocido por su reserva y más aún con este tipo de causas de lavados de activos. Así es como mantuvo el equipo de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, la BRILAC, para que todos estos nuevos pasos investigativos se realicen con la máxima cautela.
Un oficio de Rutherford contiene el “Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)” apuntando a las operaciones en la compra que hizo Martínez de una casa en la comuna de Colina, específicamente en la zona de Chicureo por más de $700 millones, la cual habría adquirido luego de vender otra propiedad por $430 millones.
La UAF apunta al origen de los $270 millones de diferencia del general® Martínez para adquirir el nuevo inmueble y un eventual movimiento ilegal desde las arcas fiscales.
El Ministerio Público solicitó a todo el sistema financiero información de los movimientos de dineros de Martínez, apuntando al origen de $430 millones invertidos en fondos mutuos, con los que contaba antes de comprar la residencia en Chicureo.
Asimismo, Morales ofició al Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, para que le ratifique el informe ya entregado a la jueza Rutherford en marzo, adjuntado en esa causa, donde Martínez Menanteau y su esposa María Militzer Puiggener aparecen como dueños, en la proporción de un 50% cada uno, de la parcela N° 105, de la Hijuela Quinta La Solución, comuna de Colina, Región Metropolitana, que adquirieron por la suma de UF 23.900(unos $765 millones en valor actual).
El documento de certificación inmobiliaria incluye otro bien raíz con una millonaria adquisición: una propiedad en el Condominio Fray Martin, en la comuna de Las Condes, comprada por el mismo matrimonio en 2015 en un precio de UF 26.520, actualmente unos $850 millones.
A principios de mayo, el abogado de Martínez Menanteau, Juan Carlos Manríquez, indicó al diario La Tercera que “estimamos que es una excelente oportunidad para terminar de una vez con estas conjeturas que carecen de fundamentos. El patrimonio personal del general Martínez y de su familia es complemente legítimo y lícito, trazada con una auditoria de una gran profundidad elaborada por los más reputados profesionales en la materia, que el tribunal sabía que sería entregada a la mayor brevedad y que ahora aportaremos al Ministerio Público”.
Manríquez hace algunos días aseveró a “La Mirada Semanal” que no han sido aún contactados por el fiscal Morales, pensando que todavía no llegan los primeros informes oficiales de la PDI, UAF y el sistema financiero a la causa que se abrió en la Fiscalía, pero que esas citas se producirían en los próximos días.
De esta forma, Martínez se ha sumado a la lista de exjefes militares que no sólo son apuntados por el mal uso de los fondos públicos en el ejercicio de sus cargos, sino también en una eventual utilización de esos millonarios montos para abultar sus patrimonios personales y familiares. Una vieja mala costumbre heredada de Augusto Pinochet Ugarte.
