El caso de los Pandora papers es la gota (o el chorro) que termina de rebalsar el vaso. No tan solo por el extenso prontuario en materia de conflictos de intereses, desde el emblemático Banco de Talca (anduvo prófugo de la justicia por catorce días), pasando por la venta de sus acciones en el caso Chispas, a precios preferentes, la inversión en la empresa peruana EXALMAR y la venta de sus acciones en LAN Chile, sumando ahora sus inversiones en paraísos fiscales y la venta de acciones en minera Dominga, incluida una cláusula infamante, como ha sido descrita.
También desde un punto de vista político su gestión ha sido deficiente. Para la oposición, el peor gobierno de nuestra historia (habría que revisarlo). Su coalición está profundamente erosionada y viene de sufrir un verdadero descalabro electoral. Muy pocos apuestan, hoy en día, a que pueda entregar el poder a alguien de su misma alianza.
Para la derecha y los empresarios ha estado muy lejos de ser un buen gobierno. Pasará a la historia como el que entregó la Constitución de 1980 (o lo que queda de ella) y en lugar de bajar impuestos (como fuera su promesa de campaña), los ha debido incrementar. Ciertamente nadie sostiene que vivimos tiempos mejores.
Con un muy desacertado manejo del estallido social – no se arrugó para declarar que estábamos en guerra – ejerciendo una frontal e indiscriminada represión en contra de los manifestantes, con masivas violaciones a los derechos humanos y centenares de víctimas.
Acentuó la incapacidad del Estado chileno para enfrentar la crisis histórica en la Araucanía, frustrándose estrepitosamente el tan proclamado intento de mediación negociada del exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, tras el hito criminal contra Camilo Catrillanca y el publicitado despliegue del Comando Jungla en la zona, capitaneado por el propio Sebastián Piñera.
No hay soluciones simples para problemas complejos, como lo afirmara la senadora Yasna Provoste en el reciente debate presidencial. Declarar ahora la denominada macrozona sur en Estado de emergencia, buscando la participación de las FF.AA, en el enfrentamiento de la violencia (que la Contraloría había objetado), no hace más que acentuar y escalar aquella crisis que tiene múltiples causas y complejas dimensiones, en donde el país arrastra una gravosa deuda histórica.
El manejo de la pandemia por parte del gobierno ha sido de luces y sombras. Destacables los esfuerzos desplegados por los funcionarios de los servicios de salud para enfrentar la emergencia, así como notables los avances en el proceso de vacunación, pero tan errático como costoso en vidas humanas su política inicial para enfrentar la pandemia, desoyendo la opinión de los expertos y autoridades del Colegio Médico. La prisa por volver a “una nueva normalidad”, con el retorno a clases presenciales y a los puestos de trabajo, que buscaban privilegiar el proceso de reactivación económica, lo llevaron a tomar decisiones manifiestamente equivocadas, que debió rectificar. Una y otra vez.
En materia de protección social en la emergencia, el gobierno ha actuado a destiempo y con cuentagotas. Es verdad que Chile aparece, en los números, como el país que mayores recursos ha destinado para enfrentar la emergencia social, pero buena parte de ellos provienen de los ahorros previsionales de los propios trabajadores, con grave daño a sus ya febles pensiones futuras y una gran interrogante acerca del futuro del mismo sistema previsional.
Ni qué decir de la política exterior del actual gobierno. La ilusión de Piñera para convertirse en un líder regional, dejando atrás UNASUR para fundar una nueva alianza regional- PROSUR- naufragó en Cúcuta. Con una inmigración descontrolada, eludiendo su propia responsabilidad. Con tensas relaciones con los países vecinos y cada vez menos aliados. Con un Jair Bolsonaro distante y una nueva administración demócrata en USA.
Y para mal de sus pecados, Sebastián Piñera enfrenta una acusación constitucional a los finales de su mandato, que seguramente será aprobada por una mayoría en la Cámara de Diputados y que podría ser rechazada en el Senado con los votos de la derecha. A un muy alto costo.
En verdad, el gobierno deja una pesada herencia no tan solo a su coalición sino también al país y la nueva administración desde 2022. Una herencia que pesa gravosamente en la actual campaña presidencial del oficialismo y contribuye al desfonde de su candidato, condenando al sector a tener que apoyar al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, u optar por el mal menor.
Sichel, menos de lo mismo
Sebastián Sichel ganó una primaria legal, en donde votaron más de un millón trescientos mil personas imponiéndose a Joaquín Lavín, Mario Desbordes e Ignacio Briones, y hoy marcha cuarto en las encuestas. Por debajo de José Antonio Kast y Yasna Provoste. Y muy pocos en la derecha confían en que pueda recuperar posiciones y menos, que pueda pasar a segunda vuelta.
No tan solo es victima de sus propios errores y contradicciones, que hasta ahora no consigue aclarar. Levantó toda una campaña en contra del cuarto retiro, amenazando a los candidatos a parlamentarios de su propio sector con quitarles su apoyo si respaldaban aquella propuesta y se demoró en reconocer que había efectuado retiros (para invertirlo en APV), proponiendo luego retirar el 100 % de los ahorros previsionales.
Trabajó en una empresa de Lobby, sin reconocer que se desempeñó como tal, para defender intereses de diferentes grupos empresariales.
Hoy trasciende que financió su anterior campaña como candidato a parlamentario (en donde no salió electo) con aportes de empresas pesqueras, entregando boletas ideológicamente falsas, de estrechos colaboradores, que figuran en su entorno más cercano. Sus intentos de traspasar la responsabilidad por ese financiamiento ilegal a la DC, que apoyara en ese entonces su postulación parlamentaria, han sido duramente desmentidos por ese partido.
Y su desempeñó en los dos debates presidenciales realizados a la fecha han sido francamente decepcionantes para sus partidarios, demostrando que no tiene formas, ni tampoco muchos contenidos.
Su postulación es un fiasco para quienes la inventaron y hoy condiciona al oficialismo a la necesidad de apoyar al candidato de la ultraderecha (una opción perdedora), u optar por el mal menor. Sin garantías.
¿Entre el cáncer y el SIDA?
Para sectores de derecha y no pocos de centro, tener que optar entre José Antonio Kast y Gabriel Boric en segunda ronda, equivale a elegir entre el Sida y el Cáncer, como alguna vez sostuvo Mario Vargas Llosa, refiriéndose a las alternativas en la anterior elección presidencial en su país.
Y muchos entienden que ello implicaría regalarle anticipadamente la elección al candidato del Frente Amplo y el PC. Un panorama más que sombrío que quita el sueño a los llamados poderes fácticos, que auguran todo tipo de calamidades en la alternativa que ello se concrete.
El problema esencial no parece ser Gabriel Boric, por mas que sus propuestas programáticas no contribuyan a generar tranquilidad en la derecha o en los sectores empresariales. Nicolás Grau, vocero económico de Boric, reconoció que la prioridad inicial de su eventual gobierno no estaría centrada en el crecimiento sino en la distribución. Y su propuesta de incrementar la tributación sobre el 8 % genera aún mayores inquietudes entre aquel empresariado.
Prontamente un eventual gobierno de Boric deberá optar por un cambio seguro, sostenible y sustentable, lejos de una aventura populista, sin respaldo de mayorías, que puede conducir a un descalabro, como el que han conocido otros países en la región.
Pero el problema principal para la derecha y grupos empresariales es la alianza que mantiene el Frente Amplio con el Partido Comunista. Ciertamente Daniel Jadue no ayuda mucho a generar confianzas, erigiéndose provocativamente – a pesar y contrapelo de Boric – como contralor o vocero de su coalición.
Una alternativa para sectores de la derecha es apoyar a la candidata de la centroizquierda Yasna Provoste, que marcha en tercer lugar en las encuestas. El problema es que la senadora se identifica con las corrientes mas progresistas de su partido y no ofrece suficientes garantías a la derecha y los poderes fácticos.
Todo indicaría que Yasna Provoste fue una de las grandes ganadoras en el reciente debate televisivo, reinstalándola en la carrera presidencial. La decisión de la diputada Maya Fernández de respaldar a Gabriel Boric (luego de comprometerse en apoyar a quien ganara la consulta ciudadana), fue compensada no tan solo con la explícita declaración de la senadora Isabel Allende, respaldando claramente a Yasna Provoste, sino también con el apoyo de la bancada parlamentaria del PS. Sus expectativas apuntan ahora a desplazar a Kast en la papeleta de segunda vuelta.
No deja de ser significativa la política de “guante blanco” que mantuvieron Boric y Provoste en el reciente debate presidencial. Quiérase o no, ambos bloques, la centro izquierda y el pacto de izquierda, están llamados a colaborar para viabilizar el proceso de cambios que el país demanda.
Es más que obvio que existen coincidencias y también diferencias entre ambos sectores. Tanto respecto del pasado reciente como en los desafíos de futuro. Pero ambos entienden que el cambio es indispensable e inevitable y requiera de apoyo de amplias mayorías.
Un sector de la derecha, aunque por ahora minoritario, empieza a asumirlo. Por cierto, ese no es el caso de José Antonio Kast y los sectores mas conservadores de la derecha, refractarios al cambio y que parecen condenados a ser una minoría en el país.
Así se está perfilando un triste y solitario final para el actual gobierno y un sombrío panorama para su coalición.
