Un llamado a la sedición

No hay dos interpretaciones posibles para el el discurso del almirante ® Miguel Ángel Vergara en el acto de celebración del día del mar, organizado por la Liga marítima. Es un abierto llamado a la sedición. Para enfrentar a un “enemigo interno”, según la vieja doctrina de la seguridad nacional.

Con toda seguridad, el almirante en retiro no se refería al líder de la CAM, Héctor Llaitul, como lo justificara su ex camarada de armas Jorge Arancibia, exsenador y actual convencional de la UDI. Ciertamente apuntaba a la mayoría progresista representada en la convención constituyente y al borrador de su propuesta de carta magna que, en la percepción de Vergara, trastocaría los valores esenciales de nuestra nación. Su llamado a las FF.AA. para preparar un nuevo “abordaje” no se resuelve con respuestas y frases de buena crianza de las actuales autoridades políticas y uniformadas.

El excomandante en jefe de la Armada, nominado durante el gobierno del expresidente Lagos, no tan sólo es un hombre de derecha dura, como lo demuestra su largo y constante epistolario al diario El Mercurio, sino también un nostálgico del régimen militar, cuyo legado reivindica celosamente.

Aquello no resulta tan extraño en la marina, una de las ramas más conservadoras de las FF.AA. Un sello mentor lo marcó el entonces golpista y luego locuaz integrante de la Junta Militar, José Toribio Merino, cuya estatua aún se conserva en dependencias de la institución naval, pese a las reiteradas demandas para su retiro, precisamente por todo lo que representa su imagen. Un legado inocultable en las conductas de sucesores, como Jorge Martínez Bush – senador designado – y Jorge Arancibia, exsenador de la UDI y actual convencional   constituyente.

Ciertamente aquellos son espacios políticos de privilegio dentro del actual marco constitucional. Pero el discurso pronunciado por Miguel Ángel Vergara en presencia de autoridades, el alto mando de la Armada y sectores empresariales vinculados a la actividad marítima configura un delito que es ineludible perseguir, tal como el llamado del líder de la CAM, Héctor Llaitul, a una resistencia armada en la Araucanía.

Las palabras no se las lleva el viento en una región del país donde se suman las víctimas fatales, con o sin estados de excepción, en una espiral de violencia acentuada por el vacío de una política de Estado durante el reciente gobierno de Sebastián Piñera, solamente focalizada en la represión policial y militar. Aún con la reposición del estado de excepción focalizado por el actual gobierno, se suman nuevas víctimas fatales como el caso de Juan Segundo Catril Neculqueo, muerto en una emboscada a trabajadores que se dirigían a labores en un predio de la Forestal Mininco.

Lejos de ser una declaración de guerra en contra del pueblo mapuche, el estado de excepción que el gobierno del Presidente Boric se ha visto obligado a reponer, por el acentuado clima de violencia en la Araucanía, parece una condición necesaria para instalar un desafiante pero indispensable ambiente de diálogo y negociación en la zona.

Avanzar en ese complejo tránsito – boicoteado por grandes intereses económicos y grupos radicalizados contrapuestos – no es un desafío menor en el contexto del actual proceso constituyente que apunta al reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y los postergados derechos ancestrales de los pueblos originarios, como base esencial ante una deuda histórica resistida por poderosos intereses más que vigentes y activos en la tensión actual de la conflictiva región.

La democracia es el espacio y el límite para la acción política. Es la forma civilizada de resolver los conflictos sociales y procesar las demandas legítimas de diversos sectores. Todo llamado a la sedición o el uso de la violencia constituyen delitos que la sociedad tiene el derecho y el deber de perseguir como atentatorios a nuestra convivencia.

La quema de buses y camiones, el saqueo de negocios, los atentados en contra de las personas y la propiedad pública o privada atentan contra de la convivencia democrática. También el llamado a la sedición o la resistencia armada ante los esfuerzos de la autoridad democrática para reponer los derechos ancestrales largamente negados, reprimidos y postergados a los pueblos originarios.

La relación cívico militar: una asignatura pendiente

La relación cívico militar continúa siendo una asignatura pendiente a lo largo de la ya extensa transición y consolidación democrática, que ningún gobierno, desde Patricio Aylwin hasta Sebastián Piñera, ha logrado resolver garantizando una efectiva subordinación de las instituciones de la Defensa y Carabineros, al poder democrático. Tampoco se ha consolidado una reforma sustantiva de los planes de formación de las instituciones armadas, sustentados en una doctrina democrática que erradique todo vestigio de la sesgada y parcial concepción de seguridad nacional, que aún predomina en los cuarteles.

Las FF.AA. cargan una pesada deuda con el país. No tan sólo por las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos registradas durante el régimen militar sino también porque hasta el día de hoy se han negado a prestar una colaboración eficaz para esclarecer la suerte corrida por mas un millar de personas desaparecidas por los servicios de seguridad y numerosos ajusticiamientos de opositores en aquella época.

A ello se agregan las numerosas y graves irregularidades en materia de probidad, que compromete a principales autoridades uniformadas, afectando la fe pública y corroyendo el prestigio de las instituciones armadas.

El estado otorga el monopolio de la fuerza a las instituciones de la defensa para proteger nuestra soberanía y sus fronteras, y a las policías para garantizar el orden público. Siempre en el marco de la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos. Con un uso responsable y proporcional a la amenaza que enfrenten. Sometida al control y fiscalización del poder civil elegido democráticamente. Todo uso desmedido o abusivo de la fuerza, y más allá de su mandato, constituyen una violación del juramento que estas instituciones y sus funcionarios prestaron a la hora de servir a la patria.

Excepcionalmente las FF.AA., en virtud de las facultades del poder ejecutivo y legislativo, pueden prestar su colaboración para enfrentar situaciones extremas, como catástrofes, graves alteraciones del orden público o resguardo de sitios críticos bajo amenazas. Pero siempre de manera transitoria, regulada y fiscalizada.

Las impropias declaraciones de Miguel Ángel Vergara no tan sólo constituyen un delito sino una verdadera afrenta y un agravio para su institución, que se ha visto obligada a ofrecer sus excusas (del todo insuficientes) proclamando que no comparte sus dichos y que no considera enfrentar enemigos internos.

Las fuerzas armadas y Carabineros pertenecen a todos los chilenos y se deben a las funciones que la constitución y las leyes les asignan. La famosa doctrina de la seguridad nacional, elaborada en EE.UU. para consumo externo, ha quedado desacreditada y las asonadas militares pertenecen al pasado. De poco o nada sirve revivir los lacerantes debates respecto de las causas y responsables del golpe de 1973 y los 17 años de dictadura. El ya manoseado “Nunca más”, pronunciado por el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, no tan sólo intentó un ejercicio de realismo, reconociendo el enorme costo que 17 años de dictadura significaron al país y para las propias instituciones de la defensa, sino también un compromiso de las instituciones de la defensa con la democracia en todas sus dimensiones.

Una nueva Constitución

Les corresponde a los ciudadanos, verdaderos titulares de la soberanía, resolver en un plebiscito con voto obligatorio si aprueban o rechazan la propuesta emanada de la convención, tal como lo establece la reforma constitucional que dio origen al proceso.

 Si se aprueba, regirá de manera obligatoria para todos y todas los chilenos y chilenas. En caso contrario, el país, a través de sus representantes, deberá decidir las opciones de futuro. Se especula con alternativas, unas más creativas que otras. Algunas bastante estrambóticas. Por ahora, no pasan de ser argumentos en favor del rechazo. Con argumentos débiles y más que insostenibles. Lo único evidente y ampliamente compartido es que la actual constitución y sus sucesivas reformas han caducado y el país requiere de un nuevo orden democrático.