Hasta aquí candidata y candidatos a la presidencia han dicho bastante poco respecto de los principales desafíos que nuestra sociedad tiene que enfrentar en el corto y largo plazo.
Pareciera obvio que las propuestas democráticas se orienten a mejorar las condiciones de vida de los chilenos, haciéndose cargo de una estrategia de desarrollo del país que priorice el crecimiento sostenido, cualitativo y sustentable.
Avanzar en ese sentido exige explicitar aquellos objetivos que configuren las aspiraciones de reducir los niveles intolerables de desigualdad aún imperantes para transitar a una mejor calidad y eficiencia de la institucionalidad democrática, ampliando el acceso al mercado interno y con mejores frutos provenientes del intercambio internacional.
En ese contexto y marco se pueden valorar y priorizar los desafíos pendientes en infraestructura, energía, educación, capacitación de la mano de obra, comunicaciones, turismo, seguridad pública, energía, investigación e innovación tecnológica, de manera acorde con el tránsito a un nuevo orden democrático.
Distraer energías de esas tareas fundamentales nos sitúa al filo de farrearnos la posibilidad de avanzar sostenidamente en el desarrollo de nuestra sociedad. En esta perspectiva cobra sentido y razón privilegiar el ahorro y la inversión; fortalecer el sector productivo, promover la diversificación de la actividad industrial; utilizar los recursos naturales del país al servicio de todos los chilenos, como debe ocurrir, por ejemplo, con garantizar el carácter público de las aguas
Con vista a incrementar los recursos públicos es estratégicamente necesario llevar adelante la estatización de la gran minería del cobre en manos de capitales foráneos. De igual modo, establecer una empresa estatal de explotación del litio con carácter monopólico. Los requerimientos financieros del desarrollo hacen aún más necesaria adoptar estas decisiones.
Este curso estratégico amerita del concierto entre el estado, las empresas y los trabajadores, si se quiere alcanzar altos niveles de competitividad, consolidar las opciones alcanzadas, abrir nuevos mercados y alternativas para nuestros productos.
Una política más equitativa en la distribución de los ingresos se funda en la necesidad de avanzar hacia un desarrollo más armonioso de nuestra sociedad, condición indispensable para que el país y sus empresas sean más competitivas en el contexto de una creciente diversificación productiva.
Esa perspectiva contrasta con las evidentes pretensiones de grandes grupos empresariales que, bajo la exigencia de mayores grados de “flexibilidad laboral”, apuntan a reducir el costo de la mano de obra, constituye una amenaza a las potencialidades competitivas del país. Así, de persistir altos grados de desconfianza y de tensiones las empresas se harán menos eficientes, lesionarán su productividad y la calidad de los productos.
Por el contrario, ante la necesidad de competir mejor, es clave el aumento sostenido de las castigadas remuneraciones de los sectores asalariados.
En este sentido, cabe afirmar que la competitividad de las empresas debe descansar, en lo principal, en la estabilidad social del país, en sus certezas institucionales y jurídicas, en las mayores destrezas de nuestra mano de obra, en la innovación y desarrollo tecnológico y en la propia eficiencia de las empresas.
Al mismo tiempo, es estratégicamente decisivo ampliar y fortalecer el mercado interno, incrementando los ingresos de los sectores medios y populares. A este respecto es clave sostener tasas altas de empleo en virtud de sus efectos positivos sobre la demanda lo que permite, a su vez, generar una dinámica que potencie el conjunto de las actividades económicas.
En función de ese objetivo es fundamental llevar adelante una política agresiva de promoción de las micro y pequeñas empresas, otorgando créditos estatales blandos y en condiciones flexibles de servicio de ellos, porque sus posibilidades de desarrollo están sujetas a la disponibilidad de soporte financiero fluido y de oportunos refinanciamientos operacionales. Ninguna empresa puede desenvolverse con éxito si está ahogada financieramente.
En ese contexto sostienen sus expectativas las grandes empresas y se requiere del soporte estatal para emparejar la competencia de los pequeños y medianos productores que sustentan buena parte del empleo asalariado.
Estas orientaciones estratégicas requieren de consistencia en el decisivo fortalecimiento del ámbito de la educación pública. Relevante, en definitiva, en las expectativas de mayor productividad, calidad de mano de obra y desarrollo de nuevas tecnologías.
Aquellas prioridades desafiantes coinciden, entre otras consecuencias, con la relevancia del manejo de un segundo idioma en el ámbito profesional y técnico de las empresas orientadas al intercambio como para los trabajadores de ellas que manejan tecnología más avanzada o cuyas labores residan en los servicios que se prestan a los diversos flujos de visitantes extranjeros, especialmente al turismo.
Ciertamente elevar los niveles de la seguridad ciudadana no es un objetivo ajeno a las aspiraciones colectivas de mejorar la calidad de vida de las personas y también desde el punto de vista de las actividades económicas si se pretende, por ejemplo, desarrollar extensivamente la industria turística.
En otro plano, las cifras de investigación son bajas y, además, los antecedentes indican que la financiada por el estado no guarda una estricta relación con el tramado productivo del país. No se puede ser estratégicamente competitivos si nos limitamos sólo a adquirir conocimientos.
En definitiva, surgen múltiples derivadas sectoriales en materia de priorizar iniciativas que refuercen una reorientación en los objetivos de un desarrollo democrático del país. Y en dicho contexto cobran sentido desafíos a medio camino como el de la regionalización, en contraste con los evidentes retrasos en un crecimiento hiper centralizado.
En dicha perspectiva cobra mayor sentido la aspiración del denominado “estado emprendedor”, más que voluminoso en su aparataje, con mayor calidad y eficacia fiscalizadora, promotor del emprendimiento y en áreas prioritarias más “gestionador”.
Ciertamente la asistencia estatal debe orientarse en prioridad hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, esto es: tercera edad e infancia.
Otro tipo de subsidios, como el habitacional, tienen un efecto “virtuoso” en la marcha de la economía, en cuanto demanda a diversos rubros, con efectos positivos sobre el empleo y las remuneraciones. Así, en general, por un período no breve, los egresos fiscales deben orientarse en prioridad a la inversión a fin de potenciar y dinamizar las actividades productivas.
En suma, es necesario subrayar que una nueva estrategia de desarrollo exige de reorientaciones esenciales del curso económico y social del país, con renovadas prioridades que deberían hacerse presentes y más evidentes en el aún pobre debate programático de cara a la próxima definición presidencial, que cobra aún mayor relevancia en simultaneidad con el proceso constituyente en pleno curso.
