Gran conmoción y consternación provocó en días recientes, la estrecha aprobación por parte de la derecha en el Senado de la República, del proyecto que intenta liberar a los presos por crímenes de lesa humanidad.
Y lo han hecho de una manera solapada e hipócrita, intentando engañar al país, haciéndole creer que por razones estrictamente humanitarias, hay que abrir las puertas de Punta de Peuco y Colina 1, para que se vayan a sus domicilios a terminar de cumplir las condenas.
Y para ser más generosos con este engaño, para que no se note que quieren impunidad para los militares, incorporan a la delincuencia común en este generoso despliegue de humanidad. El Ministro de Justicia, alerta de que serían cerca de 11 mil condenados los que abandonarían las cárceles, sin hacer distingos acerca de la naturaleza o gravedad de los delitos comprometidos.
Un verdadero escándalo.
Pero absolutamente previsible, atendido el apego de las nuevas autoridades de gobierno y parlamentarios derechistas con el mundo militar.
Este proyecto ya recibió en su momento la conformidad del Presidente electo cuando era candidato.
El país sabe lo que piensa el Sr. Kast sobre los presos de Punta de Peuco, cuando adelantó juicios acerca de un futuro indulto para ese tipo de condenados, si llegara a ser Presidente.
El país ya estaba en conocimiento de las expresiones del Sr. Kast al referirse a dos visitas que hizo a Punta de Peuco y sostuvo: «Conozco a Krassnoff y viéndolo, no creo todas las cosas que se dicen de él«. Igualmente ya sabíamos que el Presidente electo, de forma sibilina criticaba al Poder Judicial cuando señala que «no cuestiono que hayan existido delitos por la violación de derechos humanos, lo que cuestiono son los procesamientos«.
¿Sabrá el Sr. Presidente que esos procesamientos que él critica, son resoluciones confirmadas por todas las instancias judiciales y finalmente transformadas en fallos condenatorios pronunciados por la Excma. Corte Suprema. ¿Cuestiona lo decidido por el máximo tribunal?
Estamos conscientes que las nuevas autoridades de gobierno se vinculan directa o indirectamente con el pensamiento y obra de Pinochet. Por ello, es que no hay espacio para sorprenderse de que sean refractarios a la temática de los derechos humanos y que este episodio del Senado, sea sólo una muestra, un anuncio de la tormenta que se viene encima para este sector de la sociedad.
Se viene oscuro el panorama para los derechos humanos, por ello es que hay que defender y cuidar lo ya construido.
Fortalecer la cultura de los derechos humanos, trabajar y difundir entre las nuevas generaciones la Memoria Histórica, resistir al negacionismo y al esfuerzo de los medios de comunicación hegemónicos por invisibilizar los temas de derechos humanos. Proteger al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Programa de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, al Plan de Búsqueda, los Sitios de Memoria y evitar que se reduzcan o debiliten. De igual manera estar atentos a como se utiliza la potestad de otorgar indultos particulares, procurar que en la designación de los cupos vacantes de la Corte Suprema se actúe con ecuanimidad, evitando la aplanadora de la ultraderecha. Hay que proteger, cuidar el legado jurídico, doctrinario y jurisprudencial en derechos humanos de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, verdadero patrimonio histórico de nuestro país.
Ahora bien, ante la constante y repetida argumentación de que se está actuando por razones humanitarias para presos de avanzada edad, con enfermedades terminales, afecciones mentales o neurológicas, demencia senil, alzheimer, es bueno dejar en claro lo siguiente : si existe alguna persona en esas condiciones de salud, y ello ha sido confirmado por una batería de exámenes que converjan al mismo diagnóstico, no habrá oposición a que sea enviado a su domicilio para reencontrarse con sus familiares.
Pero la constatación certera de ese estado de salud, no puede ser sustentado por un sólo certificado médico. Ahí debe pronunciarse un equipo multidisciplinario de profesionales médicos.
Es bueno tener presente que varios condenados han intentado burlar a los tribunales simulando enfermedades inexistentes, o con certificados abiertamente falsos e inconducentes.
En este preciso momento, se está discutiendo esta temática, caso a caso, en los tribunales de Justicia, que son y deben ser la instancia competente para decidir estas delicadas situaciones.
Ya han existido algunos pronunciamientos que han concedido esa conmutación de penas a presos militares, que se encuentran resistidas por los representantes de las víctimas mediante los recursos pertinentes, por aparecer esas resoluciones afincadas en un solo certificado médico, que obviamente es insuficiente, como ya se ha dicho, para diagnosticar adecuadamente una enfermedad.
Afortunadamente, el mundo de derechos humanos ha logrado contactar con expertos y eminencias médicas tanto de Chile como del extranjero, para demostrar que la constatación de demencias, enajenaciones mentales, alzheimer o enfermedades terminales precisan de una gran cantidad de informes para sustentar un acertado diagnóstico. Y esa valiosa ayuda científica ya ha permitido que la Corte de Apelaciones de Santiago, revocara una de esas resoluciones erróneas o infundadas, encontrando razón a los reclamos.
Esta es la forma o el procedimiento que se debe seguir a este respecto, pues es la única manera en que se resguarde el derecho de los familiares de las víctimas para hacer valer su voz, e impedir que los jueces sean engañados.
Lo que ha hecho el Senado, borra de una plumada 52 años de actividad judicial. Anula completamente el trabajo de los tribunales, que sólo en los últimos 20 años comenzaron un trabajo serio y acucioso para hacer verdad, justicia y reparación, aportando así a la garantía de no repetición. Alcanzando resultados que la mayor parte de la sociedad no conoce, pero que han sido impresionantes.
Si hoy existen cerca de 400 ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, es por ese trabajo judicial. Sin olvidar que cerca de 457 murieron en el proceso de su juzgamiento, procesamiento o cumplimiento de condenas.
Estos últimos 20 años han servido para que el Poder Judicial limpie su imagen por su generalizado comportamiento de obsecuencia durante la dictadura militar, pues en los 30 años anteriores sólo destacó por su trabajo un reducido grupo de Magistrados, que Chile tiene en su memoria.
Esta circunstancia de que la Justicia actuara seriamente 30 años después del golpe militar, procesando, juzgando y condenando a los perpetradores, es lo que ha llevado a que los sujetos terminan siendo condenados, cuando ya han avanzado en años y comienzan a manifestar enfermedades y dolencias propias de la edad, pero nada que impida para que cumplan sus condenas en la cárcel. La edad en nuestra legislación, nunca ha sido razón o motivo para liberar a los delincuentes.
Lo actuado por el Senado constituye también una afrenta a los familiares de las víctimas, las que esperaron durante 5 décadas para que se hiciera justicia en sus casos y hoy ven desconsolados y con impotencia como se mandarán a sus domicilios a los criminales que torturaron, asesinaron o hicieron desaparecer a sus seres queridos, » a cumplir el resto de sus condenas«, como si alguien creyera que ese es un castigo justo por sus horrorosos delitos.
El Senado además desoyó el Informe expedido por la Corte Suprema, la que hizo observaciones al proyecto, sin que fueran consideradas. También hizo caso omiso de los principios que provienen del Derecho Internacional, del Tratado de Roma y las Resoluciones de la Comisión y Corte Interamericana que bregan incansablemente por oponerse a toda política de impunidad, ya sea abierta o encubierta, como en este caso.
Nuestro país, ha sido ejemplo mundial en el tratamiento de la deuda histórica legada por la Dictadura. Nuestros tribunales siguen conociendo de los delitos de lesa humanidad y dictando sentencias condenatorias, después de 50 años. Han hecho un uso constante del derecho internacional para resolver civilizadamente los crímenes de los tiempos de Pinochet y han erigido una doctrina y jurisprudencia que prestigia a nuestros tribunales en el mundo entero.
Todo ello quedaría convertido en polvo con este Proyecto aberrante.
Con la aprobación de este proyecto de ley, llegaríamos a una situación absurda: todos los futuros condenados con penas de cárcel, tendrían asegurado el camino a sus domicilios. Una verdadera estafa a la Justicia y a los Tribunales.
Además al abrir las puertas de la cárcel de todos los perpetradores, sepultaría definitivamente toda posibilidad y esperanza de que surja información desde ese grupo de condenados sobre el paradero y ubicación de detenidos-desaparecidos, en la medida que salir de la cárcel o aminorar sus penas ya no sea un aliciente para ellos. Yéndose a sus domicilios, se llevarán consigo la información que posean. Nada les servirá de motivación para entregarla.
Dios nos encuentre confesados.
