El Consejo Nacional Electoral venezolano convocó a elecciones de gobernadores, consejos estaduales y Asamblea Nacional para el 25 de mayo recién pasado, a pesar de las demandas de la oposición dispuesta a participar en ellas para que se realizaran en el segundo semestre del año de manera de tener más tiempo para el despliegue de las campañas. Teniendo en cuenta, además, que la electa Asamblea Nacional se constituirá recién el 1 de enero de 2026.
El régimen de Maduro ha buscado obtener algún grado de legitimación después de la elección presidencial del 28 de julio del año pasado en la que sufrió una aplastante derrota, que lo obligó a un fraude electoral, a negarse a entregar las actas electorales, y a profundizar su aislamiento internacional.
Desde el punto de vista interno la evidente derrota electoral ha derribado uno de los fundamentos simbólicos de la legitimidad del régimen de Chávez y luego del de Maduro: de que representa a la mayoría del pueblo venezolano. Y ello ha sido efectivamente así, ya sea porque el régimen ha triunfado electoralmente, sobre todo durante el Gobierno de Chávez, o porque la oposición ha llamado a la abstención.
Todo ello en un sistema electoral en el que todos han reconocido que los votos emitidos son efectivamente contabilizados, sin perjuicio de que la mayoría de los procesos electorales han sido arbitrariamente intervenidos por la autoridad de múltiples maneras, obstaculizando las campañas de la oposición.
Para la elección presidencial de julio, la oposición, por primera vez en muchos años, logró construir una amplia unidad, apoyando a Edmundo González como candidato común, bajo el liderazgo de María Corina Machado, quien triunfó abrumadoramente en las primarias de la oposición previas a la elección de julio.
Todas las fuerzas que sustentan el régimen -Gobierno, Partido, Fuerzas Armadas- están perfectamente conscientes de que han perdido la mayoría social y electoral, sin perjuicio de que mantienen una minoría de apoyo, que aún logran movilizar, pero que no les permite ganar elecciones en las que exista una amplia participación popular. La respuesta ha sido, entonces, intensificar la represión selectiva a políticos de oposición y amenazar la independencia de las organizaciones de la sociedad civil, que son numerosas y activas.
Frente a la convocatoria electoral la mayoría de la Plataforma Unitaria más Vente Venezuela, el partido de Machado, llamaron a la abstención. A este, se sumó desde el exilio Edmundo González, el candidato que ganó la elección presidencial de 2024. El argumento fue que en tanto el régimen no reconociera los verdaderos resultados el sistema electoral no ofrece ninguna garantía de transparencia ni legitimidad, con los que la participación en una elección en tales condiciones contribuye a la legitimación de la dictadura de Maduro.
Dos importantes dirigentes de la oposición que apoyaron la candidatura de González y han exigido el reconocimiento de su triunfo, adoptaron una posición distinta. Resolvieron participar en la elección, configuraron una alianza opositora -Unión y Cambio- e inscribieron candidaturas en todo el país. Se trata de Manuel Rosales, líder del partido Un Nuevo Tiempo y Henrique Capriles, fundador del partido Primero Justicia. Rosales fue elegido en 2021 Gobernador del Estado de Zulia, el con mayor población, con el 56,90 % de la votación. Rosales fue Gobernador del Estado de Miranda, el segundo más poblado, y compitió con Maduro en la elección presidencial de 2013 alcanzando el 49,12 % del electorado. Su argumento es que a pesar de que se vive en una dictadura, no hay que abandonar ningún espacio institucional que permita denunciar al régimen y acumular fuerzas sociales y políticas en la perspectiva de un cambio democrático. En esa óptica la abstención favorece al régimen y condena a la oposición a la inacción.
Los resultados de la elección dan cuenta de una alta abstención. Se discute su magnitud. El Gobierno ha presentado datos muy cuestionados que darían en torno al 40% de participación. Fuentes más confiables, incluso algunas cercanas al Gobierno, reducen la cifra al orden del 20 % o poco más. También se coincide que con ese universo los porcentajes entregados por la autoridad electoral se acercan a la realidad. Así es como el oficialismo ganó 23 de las 24 gobernaciones en disputa y obtuvo un 82% de la votación para la Asamblea Nacional. Rosales perdió la Gobernación con el 35% de la votación y Capriles y 11 candidatos de su lista nacional fueron elegidos diputados a la Asamblea.
Resulta evidente que la ciudadanía no acogió el llamado de los sectores de la oposición que llamaron a la participación electoral para manifestar su rechazo al régimen, ya sea porque siguieron la orientación de María Corina o simplemente porque después de la experiencia del fraude electoral del 2024 consideran que el voto no sirve para cambiar nada. El cuadro que emerge de todo el proceso político de los últimos dos años es el de una ciudadanía mayoritariamente favorable al cambio del régimen, pero profundamente desesperanzada de que ello sea posible. Se vive un proceso de despolitización.
El próximo capítulo de este drama es la convocatoria a elecciones municipales para el próximo 27 de julio. Se elegirán los 335 municipios de los cuales aproximadamente un tercio está hoy día en manos de la oposición. Las fuerzas lideradas por Rosales y Capriles han llamado nuevamente a la participación e intentan acordar candidatos únicos en la mayoría de ellos. Será una nueva prueba de la eficacia de su estrategia.
La tajante división de la oposición refuerza el control del régimen sobre todo el aparato del Estado profundiza la apatía y la despolitización de la sociedad y le permite a Maduro apostar a la abstención electoral y conseguir que la minoría que lo apoya se presente como mayoría.
La oposición liderada por Rosales y Capriles tiene el enorme desafío de demostrar que su estrategia de apostar por la movilización social y el aprovechamiento de los reducidos espacios de participación política son capaces de generar una creciente adhesión ciudadana.
María Corina, a su vez, no consigue diseñar una estrategia coherente para enfrentar al régimen. Hasta ahora apela a fortalecer la presión externa para aislar a Maduro, principalmente del Gobierno de Trump, incluso apoyando las sanciones a la explotación y venta de petróleo. Al mismo tiempo realiza sistemáticos llamados a la Fuerzas Armadas para que destituyan a Maduro. A la vez, refuerza su liderazgo afirmando que se encuentra viviendo clandestinamente en Venezuela. El apoyo a las sanciones económicas tiene cada vez menos apoyo en el país, y más bien refuerza que debilita la unidad del bloque en el poder.
El Gobierno aparentemente apuesta al desgaste paulatino del liderazgo de Machado. Tal como hizo anteriormente con Capriles, reprime duramente a su entorno más inmediato en el país y aparentemente no hace nada por descubrir sus paraderos.
La estabilidad del régimen también se juega en el plano económico. Desde 2021 la economía venezolana ha venido experimentando un proceso de recuperación desde la profunda crisis desatada después de la muerte de Chávez. Ello se debe a un sustantivo giro en la política económica respecto del periodo anterior, que incluyó un severo ajuste fiscal y una alianza explicita con el empresariado nacional, con el objetivo de fortalecer el dinamismo del sector privado. Contribuyó a ello la política de la administración de Biden de conceder licencias para explotar petróleo a Chevron, empresa estadounidense, y a otras europeas y una india. Ello ha permitido que desde fines de 2024 la producción haya superado, después de muchos años, el millón de barriles diarios. La política de Trump ha sido contradictoria. El Departamento de Estado, con Rubio a la cabeza, ha impulsado y conseguido el término de las licencias a partir de fines de mayo. El lobby petrolero sigue insistiendo que es del interés de los EE. UU. el acceso y el control de las mayores reservas mundiales de petróleo. Si se impone finalmente la política de Rubio lo más probable es que se detenga la recuperación económica y se profundice la crisis social.
En cualquier caso, lo que razonablemente puede pronosticarse es que con una oposición política tan profundamente dividida el régimen de Maduro aún tiene las condiciones para mantenerse en el poder.
