En la actualidad, estamos viviendo en Chile un retorno a un esquema de capitalismo periférico puro y duro, que las autoridades de extrema derecha que gobiernan entienden se habría desmejorado desde 1990 con el enfoque de “crecimiento con equidad” de sucesivos gobiernos, y que requeriría de reparaciones sustanciales por la caída tendencial del crecimiento desde 2014. Recordemos, no obstante, que el promedio de crecimiento por habitante fue más alto desde 1990 que durante la dictadura de 1973-89, que llevó a cabo políticas de orientación ultraliberal de privatización, desregulación y apertura externa unilateral. Para el gobierno de Kast, se trata de volver al libremercadismo generalizado y a un Estado mínimo, lo que reabre debates sobre las consecuencias del capitalismo salvaje, entendido como la acumulación continua de capital, el control privado del excedente económico concentrado que genera y la inversión extranjera sin restricciones (ver aquí). Desde una perspectiva general, Erik Olin Wright (2018) describe esas consecuencias del siguiente modo: “Sí, hay crecimiento económico, innovación tecnológica, aumento de la productividad y masificación de los bienes de consumo, pero junto con el crecimiento económico capitalista viene la indigencia para muchos cuyos medios de vida han sido destruidos por el avance del capitalismo, la precariedad para los que están en la parte inferior del mercado laboral y el trabajo alienante y tedioso para la mayoría. El capitalismo ha generado aumentos masivos de productividad y riqueza extravagante para algunos, pero mucha gente sigue luchando por llegar a fin de mes. El capitalismo es una máquina que aumenta tanto la desigualdad como el crecimiento. Y eso, sin mencionar que está cada vez más claro que el capitalismo, impulsado por la búsqueda incesante de ganancias, está destruyendo el medio ambiente.”
Este autor concluye que el capitalismo como sistema debe superarse por la magnitud de sus defectos:
“En diferentes épocas y lugares, se han establecido muchas políticas para compensar la deformación de la libertad y la democracia que provoca el capitalismo. Se pueden imponer restricciones públicas a la inversión privada de manera que se erosione la rígida frontera entre lo público y lo privado; un sector público fuerte y formas activas de inversión estatal pueden debilitar la amenaza de la movilidad del capital; las restricciones al uso de la riqueza privada en las elecciones y la financiación pública de las campañas políticas pueden reducir el acceso privilegiado de los ricos al poder político; la legislación laboral puede reforzar el poder colectivo de los trabajadores tanto en la esfera política como en el lugar de trabajo; y una amplia variedad de políticas de bienestar pueden aumentar la libertad real de quienes no tienen acceso a la riqueza privada. Cuando las condiciones políticas son adecuadas, las características antidemocráticas y restrictivas de la libertad del capitalismo pueden paliarse, pero no eliminarse. Domesticar el capitalismo de esta manera ha sido el objetivo central de las políticas defendidas por los socialistas en las economías capitalistas de todo el mundo. Pero para que la libertad y la democracia se realicen plenamente, no basta con domesticar el capitalismo. Hay que superarlo”.
Sostiene Olin Wright que históricamente el anticapitalismo estuvo animado por cuatro lógicas de resistencia diferentes: las de destruir el capitalismo, domesticar el capitalismo, escapar del capitalismo y erosionar el capitalismo. “Destruir” se puede entender como replicar la Unión Soviética de Stalin o Brézhnev, “domesticar” se asocia a las políticas socialdemócratas clásicas, “erosionar” se entiende como favorecer progresivamente las diversas formas de producción colaborativa y socializada y “escapar” como construir comunidades en los márgenes del capitalismo.
En la visión socialista decimonónica, la propiedad privada debía ser abolida en la esfera de los medios de producción y reemplazada por la propiedad estatal. Las visiones contemporáneas han tomado debida nota del balance de las experiencias de centralización económica, las que terminaron construyendo sistemas sin democracia dominados por grupos burocráticos que maximizan su propio interés, con la consecuencia de un dinamismo económico limitado por un sistema de asignación de recursos que no permite suficientemente la innovación y excluye los intercambios descentralizados y las iniciativas económicas autónomas. Asumen que la centralización económica burocrática no es compatible con la democracia ni permite alcanzar grados suficientes de prosperidad equitativa, y diagnostican que los esquemas liberales no se proponen -y los socialdemócratas no logran- restringir la dominación capitalista sobre las condiciones de vida de la mayoría, por lo que termina prevaleciendo la precariedad y subordinación a los intereses del capital de la mayoría social que vive de su trabajo, lo que en la época actual se traduce en un retroceso de la adhesión a la democracia fruto del aumento de la percepción de precariedad e indefensión de las clases trabajadoras. Por ello insisten en la necesidad de procesos de minimización de largo plazo de la esfera capitalista en la estructura económica. Su enfoque suele valorar las experiencias socialdemócratas, pero postula ir más allá en los mecanismos de socialización. Para las corrientes socializadoras, lo esencial sigue siendo asegurar condiciones de equidad en los ingresos y la riqueza, lo que requiere redefinir las relaciones de propiedad que inciden en la creación y apropiación de excedente productivo, en tanto sostienen que el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada predominante de los activos productivos cuyo excedente es capturado de manera ilegítima por una clase minoritaria, con consecuencias desestabilizadoras sobre la dinámica económica y la sostenibilidad social y de los ecosistemas.
Muchos socialistas actuales reflexionan sobre la necesidad de una socialización de una proporción más sustancial del excedente económico: recordemos que en un país como Dinamarca los impuestos representan un 45% del PIB, lo que no le impide ser uno de los más prósperos del mundo. Esto no supone eliminar toda esfera capitalista y de acumulación privada, sino restringirla en mayor magnitud a través del control democrático de la generación y uso del excedente económico. Esto requiere restar de las utilidades empresariales y del valor de mercado de su capital lo necesario para financiar la inversión en los bienes comunes y la provisión de los bienes públicos para satisfacer las necesidades primordiales de la población. Sostienen que esto no es contradictorio con el crecimiento, sino que lo intensifica al desconcentrarlo y volcarlo hacia la sostenibilidad social y ambiental. Y que se logra una socialización adecuada con mecanismos conocidos y usuales como impuestos, tarifas y subsidios, pero poniendo el énfasis en transferir a la sociedad las múltiples rentas no ganadas por agentes productivos, terminando con la apropiación privada ilegítima de esas rentas, y produciendo transformaciones en la gobernanza corporativa y el rol del capital.
Como subrayan Mazzucato et al. (2023), mientras los economistas clásicos identificaban a los propietarios de tierras como la principal clase rentista y Keynes apuntaba al sector financiero, el rentismo contemporáneo es un fenómeno generalizado, con distintos modelos de extracción de rentas que no provienen del trabajo productivo, y concluyen: “entre las opciones se encuentran que el Estado mantenga o incorpore tierras a la propiedad pública para socializar los aumentos del valor del suelo derivados del crecimiento económico, como lo ha hecho Singapur con gran éxito; que tome participaciones accionarias a cambio de inversiones públicas en I+D; o que establezca mecanismos de participación en las ganancias y condicionalidades asociadas a la inversión. La reciente nacionalización de grandes empresas nacionales de energía por algunos países europeos, a raíz de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, constituye un ejemplo de socialización de rentas, aunque solo bajo una presión política extrema. La tributación también puede alinearse mucho mejor con el objetivo de socializar las rentas. En la mayoría de las economías avanzadas, el grueso de los impuestos recae actualmente sobre la producción —impuestos corporativos—, los ingresos y el consumo —impuesto al valor agregado—, más que sobre las rentas y la riqueza. Sin embargo, hoy está bien establecido que gravar las rentas económicas —en particular las rentas de escasez, como las asociadas al suelo— tiene efectos distorsionadores muy reducidos o nulos sobre la economía, dado que no existen costos vinculados a poner en producción un factor como la tierra. Un argumento similar puede formularse respecto de la información recopilada electrónicamente —a costos insignificantes— por empresas de plataformas que disfrutan de externalidades de red.”
Estos enfoques sostienen, además, que se debe mantener y crear empresas públicas estratégicas y ampliar las mencionadas participaciones públicas selectivas en activos productivos, como las que puedan provenir del pago de impuestos a la herencia de grandes fortunas o de subsidios de innovación. Y que, a partir de un cierto tamaño, las empresas deben incluir una participación de los asalariados en su orientación, como en Alemania, y en su propiedad mediante fondos salariales, como en su momento propusieron los sindicatos suecos, además de las inversiones de los fondos de pensiones que se acompañen de derechos de gestión de sus dueños.
Esta perspectiva incluye, asimismo, el impulso de unidades de producción sin fines de lucro y de interés colectivo. En palabras de Olin Wright (2018): “Las cooperativas de trabajo son una auténtica utopía que surgió junto al desarrollo del capitalismo. Tres importantes ideales emancipatorios son la igualdad, la democracia y la solidaridad. Todos ellos se ven obstaculizados en las empresas capitalistas, donde el poder se concentra en manos de los propietarios y sus sustitutos, los recursos internos y las oportunidades se distribuyen de forma muy desigual y la competencia socava continuamente la solidaridad. En una cooperativa de trabajo, todos los activos de las empresas son propiedad conjunta de los propios empleados, que también gobiernan la empresa de forma democrática, con una sola persona y un solo voto. En una cooperativa pequeña, este gobierno democrático puede organizarse en forma de asambleas generales de todos los miembros; en cooperativas más grandes, los trabajadores eligen consejos de administración para supervisar la empresa…Tienen el potencial de contribuir a erosionar el dominio del capitalismo cuando amplían el espacio económico en el que pueden operar los ideales emancipatorios anticapitalistas. Las agrupaciones de cooperativas de trabajadores podrían formar redes; con formas adecuadas de apoyo público, esas redes podrían extenderse y profundizarse para constituir un sector de mercado cooperativo; ese sector podría –en ciertas circunstancias– expandirse para rivalizar con el dominio del capitalismo”.
Se aproximan a esa formulación el sector social y solidario actualmente existente, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y que representa el 6% del empleo en la Unión Europea y el 6,5% en Estados Unidos («non profit private organizations») y el 10% del PIB en Francia. La producción colaborativa entre iguales que ha surgido en la era digital tiene, por su parte, como ejemplo más conocido el de Wikipedia en el dominio del conocimiento.
Esta fórmula dejó atrás un mercado tricentenario de enciclopedias (ahora es casi imposible producir una enciclopedia de propósito general comercialmente viable). Wikipedia es producida de forma no capitalista por cientos de miles de editores no remunerados de todo el mundo que contribuyen al patrimonio mundial y la ponen a disposición de todo el mundo de forma gratuita. Se financia mediante una economía de donaciones que proporciona los recursos de infraestructura necesarios. Wikipedia es heterogénea, con entradas de alta calidad y otras muy insuficientes, pero es un ejemplo de cooperación humana a gran escala, altamente productiva y organizada sobre una base no capitalista.
La socialización de una parte sustancial del excedente capitalista concentrado y de las rentas no ganadas no supone suprimir la propiedad privada de los medios de producción ni las transacciones de mercado, sino regularlas socialmente y hacerlas funcionar en combinación con otras formas de propiedad y de asignación de recursos. El tejido productivo se dinamiza al estar compuesto por interacciones de unidades económicas de propiedad social, estatal y privada con y sin fines de lucro, que operen en mercados regulados o en transacciones y asignaciones al margen del mercado, sin perjuicio del rol estabilizador y promotor del crecimiento de la política macroeconómica en el plano fiscal, monetario y de ingresos.
El post-capitalismo y la democracia social suponen, si se entienden como redistribución del poder entre los ciudadanos, además de un régimen democrático pluralista y de libertades, con separación de poderes y descentralizado, un Estado económico con capacidades de moldear los mercados y realizar la mencionada socialización de la orientación general de la economía. Debe proponerse asegurar, regulando las condiciones de trabajo y la demanda agregada, el trabajo decente y el pleno empleo. Las regulaciones deben fortalecerse en los mercados de capitales y en las relaciones del trabajo para asegurar tanto un acceso no monopólico al crédito y a la inversión como dotar de un poder suficiente a los asalariados en la negociación colectiva de remuneraciones y condiciones de trabajo. La mayor socialización debe involucrar la provisión de bienes y servicios de consumo colectivo, o bien con externalidades positivas, como la investigación y difusión tecnológica, la infraestructura, el urbanismo, la vivienda, la educación, los cuidados y la salud, además de las pensiones y mecanismos de distribución de ingresos universales y los programas de inserción en el empleo. Pero no debe existir solo un rol público regulador de los mercados para evitar depredaciones ambientales, abusos de monopolio y de las condiciones del trabajo. Debe también asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de ahorro y de provisión de moneda y crédito para el financiamiento de largo plazo y el acceso a mercados y a transferencia tecnológica a todo el espectro de empresas. Y también gestionar selectivamente las finanzas de desarrollo para orientar una parte significativa de la inversión a socializar las rentas de escasez y orientar la especialización productiva con encadenamientos dinamizadores, mejorando la inserción internacional y el rol y modalidades de la extracción y elaboración de recursos naturales. Su tarea debe ser estimular una innovación tecnológica al servicio de las necesidades sociales junto al apoyo a la resiliencia de los ecosistemas y a la preservación y expansión de los bienes comunes. Debe orientar en el largo plazo la diversificación productiva que distribuya mejor en los territorios las actividades y mejore el vínculo con la economía internacional. Esto supone asegurar producciones estratégicas y gestionar sistemas públicos amplios de innovación y desarrollo tecnológico.
Este tipo de democracia social y económica se aleja de la idea minimalista de la “humanización del capitalismo” o su “perfeccionamiento”. Sus defensores postulan que se debe cambiar de estructura de funcionamiento de la economía y superar el predominio del sistema capitalista de acumulación. Sostienen que tampoco se puede entender como una fase de transición pues, si el capitalismo es la acumulación continua de capital y el control privado y concentrado del excedente económico, no es posible “humanizar” el trabajo no pagado apropiado por los dueños privados del capital ni “humanizar” la depredación de la naturaleza que provoca su afán de lucro, sino transitar a su minimización. Hay quienes sostienen que no hay alternativas creíbles al dominio del capitalismo, pero su “mejoramiento” garantiza todavía menos salir de las crisis sistémicas actuales.
Por tanto, el proyecto de socialización insiste en transformar el capitalismo para reemplazarlo por una economía social con Estado y mercados sostenibles, a través del control democrático y social progresivo de la generación y distribución del excedente económico. Se propone obtener una retribución del trabajo directa (salarios) e indirecta (impuestos y cotizaciones que financian programas con fines sociales) en una magnitud equivalente a su contribución productiva, junto a la retribución de la innovación y la retribución de la inversión de personas privadas (redistribuida si sobrepasa determinados límites de concentración), la de fondos salariales o la de participaciones públicas equivalente a su participación en el capital de la empresa (también descontando su aporte al financiamiento de las infraestructuras, las capacidades humanas, los bienes comunes y los programas con fines sociales), cautelando la resiliencia de los ecosistemas.
Esta economía social con modalidades mixtas de propiedad y la combinación de planificación estatal y asignación presupuestaria de recursos, regulación de actividades económicas y asignación descentralizada a través de mercados no monopólicos, es una opción posible de reemplazo de la economía en que predomina la acumulación capitalista concentrada. Su objetivo es construir progresivamente un predominio de los fines sociales y de resiliencia ambiental en la producción y distribución de los recursos, sin perjuicio de las transiciones necesarias propias de las dinámicas de la historia y de las decisiones democráticas que cada sociedad va adoptando.
