Tiempos difíciles

No tengo recuerdo de tiempos fáciles, pero el inicio de 2026 está resultando especialmente azaroso para un país como Chile. Nos aprestamos a un cambio brusco de la orientación del gobierno a partir de marzo, con recortes fiscales y sociales a la vista, en un ambiente internacional en el que las reglas existentes desaparecen una a una en beneficio de la ley del más fuerte. Recordemos que somos un país muy austral, pequeño y marginal (0,25% de la población y 0,35% de la producción mundial), sin mayor capacidad aislada de incidir en los acontecimientos externos de los que, sin embargo, dependemos. Y en el que buena parte de la población se comporta desde hace ya tiempo casi exclusivamente como consumidora de beneficios materiales tangibles y que, ante las frustraciones de sus expectativas de uno u otro tipo, castiga en las urnas con voto obligatorio a quien gobierna, independientemente del bloque de intereses, valores e ideas al que pertenezca. Y en el que pequeños grupos, pero pertinaces, se manifiestan a través de violencias y destrucciones urbanas. Como consecuencia, Chile vive desde 2019 con una dosis más alta de inestabilidad que en las tres décadas previas. El potencial de conflicto prolongado en la salida de la dictadura era alta, pero fue razonablemente bien encaminada por la dirigencia política de entonces, aunque creó las condiciones para su desestabilización por no reformar las instituciones y no hacer evolucionar las políticas sociales y económicas a tiempo, aunque esa haya sido la voluntad, sin éxito, de una parte de la coalición que gobernó. Entre tanto, las nuevas generaciones se lanzaron a reinventarlo todo, lo cual es loable para quienes creemos en la transformación igualitaria y libertaria de la sociedad, pero sin un proyecto ni diseños demasiado precisos, con los resultados a la vista.

Para el progresismo, que acaba de sufrir una derrota electoral de proporciones, se trata de iniciar una recomposición paso a paso para volver a ser una alternativa creíble de gobierno. No se debe confiar solo en un vuelco de los descontentos contra Kast en algún momento, dada la volatilidad política que caracteriza a Chile en los últimos tiempos, pues sin un trabajo previo de construcción de una alternativa luego se llega a gestiones de gobierno poco consistentes.

En efecto, la responsabilidad del gobierno de Gabriel Boric en la imposibilidad de lograr una nueva etapa progresista y en la derrota de Jeanette Jara no es exclusiva, pero es ineludible. ¿Cómo no recordar que el propio día del cambio de mando el nuevo presidente las emprendió contra la Iglesia Católica, lo que no tiene mayor sentido, y contra el jefe de Estado de España, país que es nuestro aliado natural en Europa? ¿Y que cuatro días después su ministra del Interior, que nunca había pisado un ministerio, se aventuró a un viaje improvisado al lugar más conflictivo de la Araucanía, en el que fue recibida a balazos? Y así muchos otros episodios. Entre tanto, no se le encargó al ministro de Hacienda programar un aterrizaje suave de la economía en medio de un plebiscito constitucional crucial, además de mantener un vacío de conducción en la Convención. Así no se gobierna, aunque hay que aclarar que en la gestión gubernamental participaron de manera decisiva no solo el jefe de Estado y el Frente Amplio sino además representantes de otras fuerzas políticas de izquierda en posiciones centrales, los que también fueron parte de errores de envergadura con altos costos para la adhesión de la ciudadanía al gobierno.

Se podrá estar de acuerdo en que gobernar un país como Chile no es fácil y que, para prolongar en nuevos períodos la fuerza o la coalición propia, los gobiernos (me tocó participar en dos que lo lograron, los de Aylwin y Lagos) deben empeñarse en mantener el vínculo con las expectativas de los electores que le dieron su confianza. Eso supone trabajar con esmero en minimizar los eventuales errores políticos y de gestión de sus responsables, y todo atisbo de corrupción, siempre existentes dada la condición humana, y corregirlos en medio de circunstancias que serán siempre difíciles y muchas de ellas imprevistas y desconcertantes. Y ciertamente no señalizar para un lado y virar para el contrario, procurando mantener la coherencia con los objetivos planteados y con los compromisos adquiridos, explicando en cada caso, y a tiempo, las razones que eventualmente fueron impidiendo alcanzarlos, incluyendo reconocer los errores y los objetivos insuficientemente o mal planteados en las condiciones existentes. Esa es la base de la posibilidad de mantención de la confianza popular.

Entre tanto, los partidos siguen haciendo sus balances y sus proyecciones para el futuro. En la Democracia Cristiana, partido que no apoyó al gobierno de Gabriel Boric pero sí la propuesta de nueva constitución de 2022 y la candidatura de Jeanette Jara -en medio de quiebres hacia la derecha de los llamados “amarillos y demócratas” y del apoyo de Frei Ruiz-Tagle a Kast- el ex secretario nacional Victor Maldonado ha afirmado que “lo que justifica la política de alianza y la política electoral de la DC tiene que ver con su sobrevivencia y con la cercanía política e ideológica con los socios del sector”. Nótese el orden de los factores, pero lo principal es que razona bien al señalar que “la única posibilidad de que el país tenga algún Gobierno que no sea de derecha es con la unión del resto. Entonces, yo voy a estar siempre junto a los socialdemócratas, pero ocurre que los socialdemócratas van a estar junto con la izquierda. Me encantaría que la hegemonía y el programa próximo sea socialdemócrata, eso es lo que hay que ganar. Pero sé que de ahora en adelante esto es de bloques. No es solo de partidos aislados, porque los aislados desaparecieron”. Señala que más que una discusión identitaria, la falange debe tener posición política. “A algunos les parecerá que eso tiene que ser muy expresamente alejados del PC, pero si los socios están con ellos, no es para tanto. Eso va a ser la discusión. No es una discusión de ahora, es una discusión de toda la vida”. A su juicio, la base será mantener la coordinación y realizar diagnósticos conjuntos –que “no es lo mismo a una coalición”–, en un año de deliberación estratégica para todos los partidos que perdieron la elección.

Una precisión: los socialdemócratas en el mundo se constituyeron desde fines del siglo XIX para representar los intereses del trabajo y, entre cosas, siguen favoreciendo la negociación colectiva salarial centralizada o por rama con sindicatos, mientras cuando gobiernan establecen o prolongan sistemas que disminuyen drásticamente la desigualdad de los ingresos de mercado mediante impuestos y transferencias de gran magnitud (ver acá), junto a favorecer las libertades y los derechos de las mujeres y las minorías en contra de las posturas conservadoras. 

Por razones curiosas, propias de una cierta tendencia nacional a la tergiversación, los que se autodenominan socialdemócratas en Chile son más bien cercanos a los intereses del mundo empresarial, algunos son conservadores en materias culturales y todos defienden relaciones del trabajo centradas en la empresa individual y con sindicatos en competencia con grupos negociadores ad-hoc. A la vez, se oponen a aumentar los impuestos a los ingresos y patrimonios más elevados y a recuperar para el país como corresponde la renta de los recursos naturales. El problema es que de ese modo se eterniza la distribución extremadamente desigual de los ingresos y los patrimonios, contra lo cual nacieron precisamente las socialdemocracias en el mundo, y se deja de disponer de recursos para la innovación y diversificación productiva que debe provenir del cobro legítimo por el uso de recursos naturales que le pertenecen al país y no a privados. En realidad, se trata de posturas que se pueden denominar como social-liberales, partidarias de democracias con algunos sistemas de protección social pero con frecuencia próximas al neoliberalismo puro y duro, aquel que considera que el mercado debe regir la sociedad y que el gobierno debe tener un rol regulador minimizado, sin mayores capacidades empresariales y de prestación de servicios públicos. 

¿No sería recomendable una clarificación al respecto, como parte de una deliberación abierta y democrática? Las cuentas claras ayudan a la construcción de compromisos políticos y a la acción conjunta. No olvidemos que estamos ante una sociedad abrumada por miedos y temores e inmersa en el rechazo a la política tradicional, que decidió darle una oportunidad a la extrema derecha. Y que se apresta a ser gobernada por quienes buscarán hacer retroceder el rol del Estado y rebajar la protección social, y de ese modo hacer posible bajar los impuestos a los más ricos y desregular aún más los mercados en detrimento de los trabajadores y los consumidores. Es su credo (una crítica a sus políticas se puede leer aquí), por lo que oponerse al gobierno de Kast supondrá defender una alternativa suficientemente clara, consistente y creíble para que no se trate solo de gesticulaciones y de eventos performativos y, además, no se abre espacio a violencias inorgánicas, que es de esperarar no se produzcan, ante la impotencia del sistema político. Para eso se necesita una sólida oposición democrática.

Una futura coalición progresista no se podrá proyectar tampoco solo con las peticiones de clarificación -bastante majaderas- al PC en materia de violencia política, que en democracia notoriamente no practica, y de clarificación necesaria de hasta dónde llega su alineación internacional con los autoritarismos de Putin, Assad, Ortega, Díaz-Canel o el chavismo y qué significa eso en materia de proyecto de sociedad de largo plazo. También será necesaria una clarificación de los partidos de centro y los supuestos socialdemócratas respecto a la necesaria toma de distancia con el neoliberalismo económico y los intereses de la gran empresa. Y, si es necesario, respecto a alineaciones con el trumpismo y el intervencionismo estadounidense en América Latina y el mundo, en beneficio de una postura de no alineación activa con bloques hegemónicos y de alianzas para la defensa del multilateralismo y del derecho internacional.

Por supuesto, cada cual en una coalición madura debe poder mantener su identidad y sus posturas, pero a la vez buscar las aproximaciones con los otros componentes que permitan una acción común. El fin preciso, en esta etapa, es ejercer a partir de marzo una oposición coordinada, con métodos de acción institucionales y sociales -que deben incluir el derecho constitucional a manifestarse sin violencia- de modo de defender los derechos conquistados y repostular a ser gobierno en cuatro años más mediante un nuevo programa progresista que recoja las lecciones del pasado y los desafíos del futuro. Y que considere primordialmente el peligro de una radicalización autoritaria, de rasgos social y culturalmente regresivos, por parte de las derechas que van a gobernar a Chile desde marzo de 2026.

Todo esto ocurrirá en medio del notorio desdén del derecho internacional por un Estados Unidos que reactiva la Doctrina Monroe (aquella de “América para los americanos”, entiéndase estadounidenses) -y que entretanto desconoce olímpicamente el Tratado de Libre Comercio con Chile- y por una Rusia que desestabiliza Europa con su invasión a Ucrania y Georgia para reconstruir el imperio zarista, mientras China sigue en su avance industrial de punta pero subsidiado, que tiene como consecuencia afectar o hacer desaparecer ramas completas de nuestra industria. En este (des)orden internacional, Chile tiene mucho que perder. Ninguna violación de la legalidad internacional es aceptable desde el punto de vista de los principios y del interés de un país pequeño y sin mayor influencia como Chile, y menos el ataque militar a un país para descabezarlo, por mucho que esté gobernado de manera autocrática. Aceptar ataques militares unilaterales, como el de Trump a Venezuela, es creer que el mundo debe regirse por la ley del más fuerte, lo que es garantía de un desorden perpetuo basado en continuas intervenciones o guerras depredadoras. Es todo lo contrario de la ley internacional y de la Carta de Naciones Unidas, que estableció después de la segunda guerra mundial la soberanía de las naciones y los derechos básicos de los pueblos. Como señala Michael Ignatieff:

“El derecho y la ética comparten el mismo destino difícil: sus normas fracasan con tanta frecuencia que tenemos motivos para preguntarnos por qué conservan alguna fuerza. Nuestras vidas privadas dependen de la frágil premisa de que quienes conviven con nosotros y hacen negocios con nosotros cumplirán su palabra, no nos traicionarán y nos dirán tanta verdad como la situación lo permita. Sin embargo, sabemos demasiado bien que vivimos en un mundo de mentirosos y traidores. Estos hechos no disminuyen el valor de la lealtad, de decir la verdad y de la honestidad. Precisamente la fragilidad de estos valores los hace más preciosos para nosotros y nos vuelve más decididos a defenderlos cuando podemos. Lo mismo, espero, ocurre con la soberanía. Sí, ha sido la coartada de dictadores, de Saddam a Maduro. Sí, ha sido violada por los depredadores. Pero es la única norma que tenemos para protegernos de la depredación, y si la perdemos por completo, ni nosotros ni nuestros hijos estaremos jamás a salvo”.

Una parte importante de los venezolanos se alegró con el secuestro estadounidense de Maduro, hastiados de su régimen, que terminó provocando la salida de 8 millones de emigrantes -un cuarto de la población- en medio de un autoritarismo rampante y un colapso económico que llevó a graves y prolongadas carencias para la mayoría, agravadas recientemente por las sanciones y bloqueos. Pero deben tomar nota que no habrá entrega del poder por Trump a quien ganó las elecciones en 2024 o una nueva elección en perspectiva, sino un plan para establecer un protectorado de Estados Unidos. 

¿Como se hace entonces para salir de la dictadura actual en Venezuela, preguntan algunos, si no es con quien esté dispuesto a derrocar a sus líderes, aunque sea al precio de la subordinación? A los dictadores se los derrota luchando persistentemente -por mucho que sea duro y difícil y exija grandes sacrificios- convocando a la ciudadanía a la resistencia y buscando la solidaridad internacional, como hicimos en Chile contra Pinochet durante 17 años, y como ha hecho la propia oposición venezolana con valentía, pero no pidiendo la invasión del propio país por Estados Unidos. Ese país tiene una vocación imperial y va detrás de la subordinación a sus intereses y del acceso sin limitaciones a recursos naturales, ahora sin disimulos. Y las consecuencias no son solo para Venezuela sino para todo el “hemisferio occidental”, incluyendo eventualmente en el futuro los minerales de los que dispone Chile. No olvidemos que un escenario de Doctrina Monroe puede incluir activar disputas respecto de nuestras propias fronteras. No tiene sentido aplaudir la lógica y las acciones de Trump, entre otras cosas porque van contra el interés nacional.

Entre tanto, Kast, el principal adherente al trumpismo en Chile y que mantiene su programa de expulsión inmediata y a toda costa de venezolanos sin papeles, aunque no se sabe a dónde ni cómo, ha declarado que “la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región” y, con la hipocresía como emblema, que “la democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”. Como si lo que acaba de ocurrir con el secuestro de Maduro no fuera exactamente lo contrario del respeto al derecho internacional y como si Kast no siguiera defendiendo hasta hoy el golpe de Estado de 1973 en Chile promovido por Estados Unidos, como está ampliamente documentado, y a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar y durante la rebelión social de 2019. 

Cabe recordar lo que un chileno escribió en 1822 aludiendo a la Doctrina Monroe: “Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano; y ese sería así: hacer la conquista de América, no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Eso sucederá, tal vez hoy no; pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por estos dulces que los niños suelen comer con gusto, sin cuidarse de un envenenamiento”. Ese chileno se llamaba Diego Portales, el insigne conservador de inicios del siglo XIX.

Y también cabe recordar lo que dijo otro chileno en agosto de 1959, cuando subrayó la necesidad de respetar el principio de “la no intervención, que tanto costara conquistar hasta convertirlo en norma de Derecho Internacional positivo” y que la defensa de la concepción liberal de la democracia no debía “vulnerar el principio de no intervención, que debe mantenerse de modo intangible”. Este otro chileno era presidente de Chile y se llamaba Jorge Alessandri. 

Como se observa, los conservadores de antaño eran bastante más lúcidos que sus herederos contemporáneos.