Esta pregunta ronda en estos días en el espacio público dadas las disputas de tono elevado entre las directivas de los todavía partidos de gobierno. Algunos han estado especialmente empeñados en conformar dos oposiciones a partir de marzo.
Se puede conjeturar que quienes promueven la división de la futura oposición no tienen en realidad, como señalan, un diseño “socialdemócrata” que adhiera en algo a las políticas de este tipo realmente existentes en el mundo (gobiernos económicamente activos, negociación colectiva centralizada con sindicatos fuertes, impuestos altos y progresivos que financian un Estado de bienestar extendido) sino un enfoque “social-liberal” de agrupación de fuerzas con una tendencia a la adaptación a la sociedad de mercado y a los intereses de los poderes existentes en una economía hiper-concentrada. A ese título, estas corrientes se expresan de un modo usualmente molesto -y en ocasiones agresivo- con las tradiciones de izquierda de las que muchos de sus exponentes provienen, mientras descalifican todo proyecto transformador o propiamente socialdemócrata como extremo e inconducente.
La diferenciación nunca es un problema en la política democrática, lo que no excluye que quienes tienen distintos proyectos construyan coaliciones ante desafíos comunes. Esto pasa en el mundo político que tiene desafíos comunes como la estabilidad de la democracia y su profundización, la reducción de la desigualdad, las estrategias sostenibles de desarrollo y las opciones feministas y ecologistas que las inspiran en distintos grados. Este mundo se conoce como progresista, en contraste con los defensores de ideas jerárquicas y socialmente regresivas y de intereses oligárquicos. ¿Alguien puede pensar que en el progresismo no deban expresarse con libertad y autonomía las corrientes de ideas social- cristianas, social-liberales, socialistas y comunistas que abordan a su manera esas temáticas? Es más bien indispensable, lo que requiere de un ambiente de debates que permita fertilizaciones cruzadas o la constatación civilizada de diferencias. Otra cosa es que, en democracia, el peso político relativo de las distintas opciones progresistas deba resultar del arbitraje por los electores en primarias y elecciones, según sea el caso, y de la dinámica social y política.
Vamos a las divergencias. Las más importantes en el campo progresista se sitúan en la política económica (grado de acceso igualitario a condiciones básicas de vida, mayor o menor profundidad de las regulaciones a las empresas privadas y a los mercados para hacerlos competitivos, no discriminadores y no contaminantes, magnitud y composición de los impuestos y transferencias, rol de la economía empresarial pública y de la economía social además de la privada con fines de lucro) y en la política exterior (no alineación activa y convergencia latinoamericana o alineaciones en la nueva era de los imperios). No se trata de cuestiones menores y no tiene ningún sentido no reconocer su importancia.
Muchos se preguntarán: ¿cómo pueden entonces actuar juntos los que mantienen discrepancias tan significativas? La respuesta es que, si esos actores políticos se comportan con la voluntad de llegar a compromisos con bordes de acción común, la diversidad termina por alimentar la dinámica democrática, del mismo modo que la diversidad biológica alimenta la vida natural. Se trata de constatar que, como la experiencia indica, existe una necesidad de componer corrientes y gobiernos de mayoría y de lograr compromisos entre fuerzas diferentes en ideas y representaciones, los que no son eternos, pero sí válidos para períodos políticos dados, sin perjuicio de que las distintas fuerzas coaligadas mantengan sus visiones y proyectos de largo plazo.
Pero cabe constatar que plegarse temporalmente a acuerdos de interés común nunca es cómodo ni está exento de conflictos. Y requiere mentalidades que combinen flexibilidad, sentido del compromiso y fidelidad a principios y visiones, lo que es un bien escaso. De ahí las crisis y las dificultades.
Lo que definitivamente no tiene mucho sentido es privilegiar, luego de una derrota inapelable, las descalificaciones inconducentes. O sumarse a los agoreros que han hecho carrera desde hace décadas con el anuncio de la “bancarrota” y el “derrumbe ideológico” de la izquierda -alguno por reflejo ideológico conservador y otros que reflejan la fe de los conversos luego de haber adherido a ortodoxias “marxistas-leninistas” en su tiempo, pero siempre en contra de las izquierdas no dogmáticas- y que ahora califican de “retardatarios” a los que defendemos espacios de unidad y queremos sostener “como una quimera” unos “derechos precarios”, como si no se tratara de avances sustanciales en las condiciones de vida y en las libertades personales conquistadas en luchas políticas y sociales de largo aliento, gracias a muchos protagonismos y entre ellos los de… las izquierdas.
Más bien cabe la indispensable deliberación política respetuosa y franca sobre las causas de esa derrota y sus raíces culturales, por lo demás por cuanto tiempo sea necesario hasta que decanten las lecciones de modo suficiente, en paralelo a la acción contra la extrema derecha y la construcción de un nuevo programa común. De otro modo no se podrá lograr una oposición capaz de producir resultados y volver a ganar una credibilidad -hoy ampliamente cuestionada- para un futuro gobierno progresista reformulado.
Por eso lo razonable es tomar distancia de la dinámica de las quejas y de las disputas identitarias(o de la difusión de temores de ciencia ficción sobre el futuro). Si la tendencia a la intolerancia y a remar para su propio interés es el signo de los tiempos, entonces lo que cabe es actuar desde la esfera pública, aunque sea de manera imperfecta, en sentido contrario, como en otras etapas de la vida política del país. Se trata de postular un camino de convivencia progresista y de convergencia desde la diversidad en aras del interés colectivo y de un horizonte transformador, en un mundo que vive cambios acelerados que requiere como nunca actores progresistas sólidos frente a los poderes y liderazgos narcisistas y/o autoritarios globales y locales.
Existe, en todo caso, un problema político contingente que empuja a una acción coordinada del progresismo: la realidad institucional y electoral que se ha conformado con las elecciones de 2025. En la Cámara de Diputados y Diputadas, el actual oficialismo más la DC retrocedieron a 64 escaños de 155 (17 menos que en 2021). La oposición actual eligió en conjunto 90 escaños, un 58,1% del total. Las derechas superan por primera vez desde 1989 los 4/7 de los escaños (88), considerando los 14 del Partido de la Gente. La extrema derecha obtuvo 42 diputados y Chile Vamos 34, por lo que le bastan dos votos del PDG para llegar a la mayoría simple de 78. Los partidos de la eventual agrupación del llamado Socialismo Democrático sumarían 25 diputados (el PS 11, el PPD 9, los liberales 3 y los radicales 2). Además, la DC suma 8 y los regionalistas 2. Una eventual agrupación a su izquierda sumaría 29 diputados (17 del Frente Amplio, 11 del PC y 1 de Acción Humanista).
En el Senado, la extrema derecha y la derecha sumarán la mitad del Senado de 50 escaños, y 27 si logran agregar al independiente Karim Bianchi y al actual diputado desaforado Miguel Ángel Calisto, lo que no es suficiente para hacer reformas constitucionales (los 4/7 se sitúan en 28 votos), pero si para aprobar las leyes orgánicas y las leyes simples. El resto lo conformarán fuerzas heterogéneas. Los partidos de la eventual agrupación del llamado Socialismo Democrático sumarían 12 senadores (7 del PS, 4 del PPD, 1 del Partido Liberal), la Democracia Cristiana contará con 3 y la Federación Regionalista con 1, más Alejandra Sepúlveda. Más a la izquierda se agruparían 6 senadores (3 del PC y 2 del Frente Amplio y la independiente Fabiola Campillai).
En este contexto, ¿puede gravitar una agrupación del “socialismo democrático” que, sumando hipotéticamente a la DC y a los regionalistas, no llega a un cuarto del electorado, un quinto de la Cámara y un tercio del Senado? ¿No se transformaría en una agrupación con tendencia a la autorreferencia y la descalificación que deambula entre el aislamiento y la irrelevancia y favorece a otro bloque que buen puede conformarse como oposición alternativa frente a una extrema derecha hoy mayoritaria? En este caso el problema es que una izquierda puramente confrontacional, centrada en una oposición dura en el parlamento y en promover movilizaciones urbi et orbi, no parece ser tampoco una opción con capacidad de obtener algún resultado práctico en los próximos cuatro años, especialmente si actúa sin articularse con el resto del espectro progresista y sin conectar con el sentido común en la sociedad.
Con la configuración parlamentaria y política existente no se vislumbra otra alternativa de oposición institucional y social sólida al gobierno de Kast que no sea una coordinación de algún tipo del conjunto de los que no comparten el proyecto de la ultraderecha. Por eso tiene sentido responder del siguiente modo a la pregunta sobre las dos oposiciones: bienvenidas sean todas las que se quiera, en tanto el resultado sea actuar en conjunto para evitar regresiones sociales, limitar los efectos del desembarco de ministros ligados directamente a los grupos económicos y bloquear las radicalizaciones autoritarias en medio del aumento de la intolerancia y la represión. Para lo que se requiere votos concordantes en el parlamento, combinados con un uso intensivo del derecho a expresarse y manifestarse dentro de la ley en el territorio y en la sociedad.
Una alternancia en cuatro años más debe, además, construirse por el progresismo desde ya, pues tendrá que fundamentar a partir de marzo sus posiciones contra las medidas de Kast y ofrecer una alternativa política (ver aquí), única manera, por lo demás, de no dar alas a nuevas explosiones anómicas. Su acción tendrá que situarse en la perspectiva de elaborar en etapas sucesivas un programa común de gobierno que recoja las enseñanzas pasadas -delimitando las responsabilidades propias y las compartidas- y dé cuenta de los desafíos del presente y el futuro. La dispersión en la oposición difícilmente podría hacer cambiar su voto a quienes decidieron darle una oportunidad a la extrema derecha y son parte del electorado fluctuante, que podría volcarse a una alternativa progresista solo si su oferta es seria, amplia y consistente. Y siempre que sea creíble en comprometer con probidad una opción centrada en mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, aquellas que las políticas de la ultraderecha muy probablemente empeorarán.
Cuatro años pasan rápido. Pero de no mediar una defensa consistente de los derechos logrados y luchas democráticas que sigan impulsando un proyecto de libertades reales y de prosperidad compartida y sostenible, la visión de la derecha y la extrema derecha se consolidará en la sociedad chilena. El problema es que se trata nada menos que de restricciones de los derechos, de autoritarismo, de ampliación de privilegios indebidos, de xenofobia, de libremercadismo disruptivo y de defensa miope del interés propio desconectado del interés común, lo que de prevalecer creará una nueva época de conflictiva restauración oligárquica y de regresiones sociales y culturales de envergadura.
